El gobierno de Nueva Zelanda ha definido que el espectro de banda media destinado a desplegar redes 5G será asignado a través de propuestas de inversión, los mejores proyectos de inversión serán los que obtengan las licencias, sin pagar al Estado.
La determinación del gobierno neozelandés sucede en un contexto en el cual, para finales de año, se espera que haya al menos 1.000 millones de clientes subidos a las redes de 5G ya desplegadas en el mundo y que, a estas altura, ascienden a algo más de 250, de acuerdo a datos de TeleGeography. Y también se da en un escenario en el que, a nivel latinoamericano, hay países que están avanzando en las futuras licitaciones de espectro y donde las alarmas de la industria suenan cuando se alzan voces que dejan entrever la posibilidad de encarar subastas con fines recaudatorios.
El proceso que, ahora, inicia Nueva Zelanda tiene su antesala en la pandemia. En ese momento, y por la imperiosa necesidad de ampliar conectividad, el gobierno les entregó a los tres operadores que actúan en ese país, Sparkle, 2degress y Vodafone, y un proveedor de red neutral, Dense Air, espectro de manera temporal en la frecuencia de 3.5 GHz. El objetivo fue que implementaran servicios 5G.
Y se tomó esa determinación porque, debido a las restricciones, el proceso de subasta previsto no iba a poder realizarse tal como se lo había planificado. Dos años y medio después de esa situación, el gobierno concluyó que se tomó una decisión correcta y que, ahora, llegó el momento de entregar permisos a más largo plazo en esa misma banda sin aplicar cargos extras, es decir, el pago del espectro con fines de lucro.
En palabras de David Clark, ministro de Economía Digital y Comunicaciones del país: “como parte del nuevo acuerdo, nuestros tres principales operadores de redes móviles deberán aumentar el ritmo de despliegue de 5G en las pequeñas ciudades de Nueva Zelanda. También se espera que continúen los esfuerzos para mejorar la conectividad rural”.
Es decir, apuntó en dos direcciones: en acelerar despliegues pero también en ir a dotar de conectividad a las zonas remotas que, se sabe, son las que carecen de menor conectividad y calidad de servicio. En otras palabras, les impone la obligación de llegar a esas áreas más allá del negocio que se pueda desarrollar o no. Deja entrever que lo que no se paga por espectro tendrá que invertirse en llegar a zonas que no suelen estar en el mapa de las operadoras de telecomunicaciones. En la región, el caso de Brasil es el más cercano al que, ahora, se observa en Nueva Zelanda si se tiene en cuenta que el gigante sudamericano encaró un proceso que puso el foco en las inversiones más que en la recaudación en sí.
Esta determinación del gobierno está cargada de negociaciones y tensiones, propias de un acuerdo de estas características, donde la premisa es entregar derechos de espectro a cambio de compromisos de inversión y de despliegue, que habrá que cumplir, por supuesto.
