La nueva Ley de Comunicaciones Electrónicas (LCE) de Portugal fue publicada y entrará en vigor en noviembre de este año, 90 días después de su publicación en el Diário da República.
El texto transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (ECEC) a la legislación nacional, pero también tiene particularidades.
Uno de los cambios es la definición más amplia de los servicios de comunicaciones electrónicas, que incluye, por ejemplo, los servicios Over-the-top (OTT). “Esta definición, esencial en el ámbito de la Nueva LCE, comprende no sólo los servicios tradicionales que consisten total o principalmente en la transmisión de señales, sino también (i) los servicios de acceso a Internet, […] tales como (ii) los servicios de comunicaciones interpersonales, tanto basados en números como independientes de números”, explica el bufete de abogados Lexology.
A pesar de esto, los servicios OTT están sujetos a una regulación más ligera en comparación con los servicios tradicionales. “Su prestación no podrá depender del régimen general de autorización (en la medida en que se trate de servicios independientes del número) y (ii) no estarán sujetos a las condiciones generales aplicables a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, pudiendo únicamente estar sujetos a las obligaciones acceso e interconexión en casos justificados”, según el grupo.
La nueva ley también asegura que los usuarios finales estén bien informados sobre los costos de instalación y la calidad de los servicios de comunicación prestados, protege al cliente en caso de indisponibilidad de los servicios y obliga a los operadores a prestar servicios sin lealtad. Además, en caso de enfermedad prolongada, desempleo, entre otras situaciones, se suspende el contrato de fidelización.
“Ha habido avances muy favorables para los usuarios, en particular en lo que respecta a la (re)fidelización y sanciones por terminación anticipada de contratos”, comenta Luís García Pereira, exdirector de regulación de mercado de Anacom.
Por otro lado, un punto negativo de la norma fue la reducción de las facultades de Anacom en relación con las subastas de espectro. Ahora, es el gobierno el que aprobará las regulaciones, dijo Pereira.
La nueva LCE también prevé la intervención de otras autoridades del sector, principalmente las relacionadas con los derechos de los usuarios.
Si bien existen estas y otras diferencias, gran parte de la ley solo transpone la CECE, adoptada en 2018, a la legislación nacional. “Solo quedan a criterio de cada Estado miembro algunos aspectos más institucionales, relacionados con las facultades de la autoridad reguladora o cuestiones específicas sobre los derechos de los consumidores”, explicó el experto.
