La Cámara de Diputados, el Senado Federal y Astral (Asociación Brasileña de Radios y Televisión Legislativas) presentaron un recurso administrativo para modificar una ordenanza de Gaispi –grupo que monitorea la desocupación de la banda de 3.5 GHz para la implementación de 5G en Brasil. El caso será llevado a la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
Las tres entidades piden más tiempo para migrar los canales de la banda C a la banda Ku y una nueva convocatoria pública para que las entidades públicas se manifiesten. Esto porque la Ordenanza N° 2,274 de la Anatel confirma la determinación del Aviso 5G, que dice que después de definir la lista de canales que serán migrados y elegir el nuevo satélite, las emisoras tienen 75 días para realizar la migración.
Los impugnantes alegan que este plazo es insuficiente para la forma de contratación de la Administración Pública. “El cumplimiento de este plazo aún depende de que la empresa satelital proporcione una propuesta comercial isonómica, así como la documentación completa necesaria para los contratos públicos. Así, es muy poco probable que las emisoras públicas cumplan con el plazo de 75 días, que deberían tener la garantía de transmisión libre y abierta del servicio de radiodifusión satelital”, dice la carta enviada a Gaispi.
Solicitan agregar el plazo excepcional de 18 meses para la disponibilidad de las entidades públicas, “en caso contrario, existe la posibilidad de restringir a la población el acceso a las señales de televisión satelital abierta y gratuita, presentando un grave perjuicio a la comunicación pública, en particular las llevadas a cabo por emisoras de la Cámara de Diputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Empresa Brasil de Comunicação, Asambleas Legislativas de los Estados y otras emisoras gubernamentales”. Además, afirman que es necesario agregar la previsión de preferencia de ocupación de satélite a sus canales.
También piden una nueva convocatoria pública de 15 días porque, de las nueve asambleas legislativas que tienen transmisión de televisión en banda C, sólo cuatro de ellas se adelantaron para ser consideradas en la mitigación de problemas de interferencia.
Por su parte, el presidente de Gaispi, el consejero Moisés Moreira, enfatizó que el proceso “no representa ningún riesgo para el cumplimiento del cronograma de implementación de 5G”. El consejero explicó que el plazo para que los radiodifusores pongan a disposición las señales del nuevo satélite lo definió el Aviso 5G y no hay posibilidad de ampliación, “bajo pena de vulnerar los principios de legalidad y vinculación a la licitación”.
“En cuanto al proceso, se trata de un recurso de apelación contra la decisión de Gaispi, que queda para evaluación y decisión del Consejo Directivo de la Anatel, sin que se realicen comentarios adicionales”, agregó.
