El canal de Nicaragua: un sueño inconcluso que podría cambiar el mundo

El canal de Nicaragua es un proyecto que busca conectar el océano Atlántico con el Pacífico a través de una vía fluvial de 278 kilómetros de longitud. Su objetivo es revolucionar el comercio marítimo global, ofreciendo una alternativa al canal de Panamá, que tiene una capacidad limitada y una longitud de solo 77 kilómetros. Sin embargo, el canal de Nicaragua enfrenta numerosos desafíos ambientales, políticos y financieros que ponen en duda su viabilidad y su futuro. ¿Qué es el canal de Nicaragua y por qué es tan importante? ¿Qué beneficios y riesgos implica su construcción? ¿Qué ha pasado con el proyecto desde que se anunció en 2013? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este artículo.

¿Qué es el canal de Nicaragua y por qué es tan importante?

El canal de Nicaragua es un proyecto que fue propuesto por primera vez en la época colonial, pero que nunca se concretó. En 2013, el gobierno de Nicaragua otorgó una concesión de 50 años, prorrogable por otros 50, a la empresa china HKND Group, liderada por el multimillonario Wang Jing, para financiar y gestionar el proyecto. Según el plan original, el canal tendría una profundidad de 27,6 metros, un ancho de 230 a 520 metros y una longitud de 278 kilómetros, de los cuales 105 atravesarían el lago Nicaragua, el principal reservorio de agua dulce de Centroamérica. El canal permitiría el paso de buques de hasta 400.000 toneladas de peso muerto, superando la capacidad del canal de Panamá, que solo admite buques de hasta 120.000 toneladas. El costo estimado del proyecto era de 50.000 millones de dólares y su duración de cinco años.

El canal de Nicaragua tendría una gran importancia estratégica y económica para el país y para el mundo. Para Nicaragua, el canal representaría una fuente de ingresos, empleo y desarrollo, ya que se crearían zonas francas, puertos, aeropuertos, carreteras y otras infraestructuras asociadas al proyecto. Además, el canal podría atraer inversiones, turismo y comercio, impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y reduciendo la pobreza. Para el mundo, el canal ofrecería una nueva ruta para el transporte de mercancías entre Asia, Europa y América, reduciendo los costos, los tiempos y el consumo de combustible. Asimismo, el canal podría beneficiar a los países de la región, especialmente a los del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), al facilitar su integración económica y su acceso a los mercados globales.

¿Qué beneficios y riesgos implica su construcción?

Sin embargo, el canal de Nicaragua no solo implica beneficios, sino también riesgos. Uno de los principales riesgos es el ambiental, ya que el canal afectaría a ecosistemas frágiles y biodiversos, como el lago Nicaragua, los humedales de San Miguelito, la reserva de biosfera de Río San Juan y la reserva indígena de Rama-Kriol. Estos ecosistemas podrían sufrir alteraciones en sus niveles de agua, salinidad, temperatura, nutrientes y especies, provocando daños irreversibles en la flora y la fauna. Además, el canal podría generar contaminación, erosión, sedimentación, deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Según un estudio de la Academia de Ciencias de Nicaragua, el canal tendría un impacto ambiental “inaceptable” y requeriría de medidas de mitigación y compensación “imposibles” de implementar.

Otro riesgo es el político, ya que el canal ha generado oposición y protestas de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, como los campesinos, los indígenas, los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos. Estos sectores denuncian que el canal viola la soberanía nacional, la Constitución, el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la propiedad y el derecho al medio ambiente sano. Asimismo, cuestionan la transparencia, la legalidad y la legitimidad del contrato entre el gobierno y la empresa china, que otorga a esta última amplios poderes y privilegios, como la expropiación de tierras, la exención de impuestos y la inmunidad jurídica. Además, el canal podría generar conflictos diplomáticos con países vecinos, como Costa Rica y Colombia, por cuestiones de límites territoriales y marítimos.

Un tercer riesgo es el financiero, ya que el canal requiere de una inversión enorme y compleja, que depende de la capacidad y la voluntad de la empresa china y de sus posibles socios y acreedores. El proyecto ha sufrido retrasos y suspensiones debido a la falta de financiamiento, la caída de la fortuna de Wang Jing, la crisis económica y política de Nicaragua, las sanciones de Estados Unidos y la pandemia de COVID-19. A pesar de que el gobierno y la empresa han reiterado su compromiso con el proyecto, muchos expertos y analistas lo consideran inviable, inviable o abandonado. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el canal de Nicaragua tendría una rentabilidad económica y social “muy baja” y un riesgo financiero “muy alto”.

¿Qué ha pasado con el proyecto desde que se anunció en 2013?

El proyecto del canal de Nicaragua ha tenido un avance mínimo desde que se anunció en 2013. En 2014, se realizó la ceremonia de inicio de las obras, pero solo se ejecutaron trabajos preliminares, como estudios de factibilidad, impacto ambiental y diseño. En 2015, se anunció que el inicio de la construcción se postergaba hasta finales de 2016, pero tampoco se concretó. En 2017, se informó que el proyecto se retrasaba indefinidamente por problemas financieros y técnicos. En 2018, se especuló que el proyecto se cancelaba por la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de ese año. En 2019, se venció el plazo de seis años que tenía la empresa china para obtener el financiamiento, pero el gobierno no aclaró si el contrato seguía vigente o no. En 2020, se desconoce el estado actual del proyecto, ya que ni el gobierno ni la empresa han dado información al respecto.

El canal de Nicaragua es un sueño inconcluso que podría cambiar el mundo, pero que también podría causar graves daños. Su realización depende de muchos factores, que van más allá de la voluntad política y la capacidad financiera. Su evaluación requiere de un análisis integral, que considere los aspectos económicos, sociales, ambientales y geopolíticos. Su futuro es incierto, pero su debate es necesario.

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