España: Ayudas para backhaul 5G
España lanzó una convocatoria de ayudas para dotar de conexión de backhaul mediante fibra a emplazamientos de las redes públicas de telefonía móvil que no tienen esa conexión, lo cual generaría acceso 5G a municipios de menos de cinco mil habitantes en 50 provincias.
Además, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital inició la búsqueda de prestador de servicio universal, que iniciará funciones en 2023.
Se trata del plan UNICO Redes backhaul fibra óptica cuyo objetivo es facilitar que el 75% de la población española esté conectada a 5G en bandas prioritarias en 2025.
Se consideran prioritarias las bandas de 3.5 GHz y la de 700 MHz, ambas ya asignadas a operadores, y la de 26 GHz, cuyo proceso se espera concretar en el corto plazo. El proyecto está dotado con 450 millones de euros para el período 2022-2023, financiados por los fondos Next Generation EU.
Se busca que los beneficiarios puedan financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del proyecto seleccionado, desde infraestructurasy obra civil a equipamientos y materiales. La convocatoria establece lotes provinciales con presupuestos definidos y un sistema de adjudicación que permite varios ganadores por demarcación, con el ojo puesto en “maximizar el número de beneficiarios de las ayudas”. Los interesados en participar podrán hacerlo hasta la medianoche del 15 de noviembre.
Por su parte, se abrió la consulta pública para convocar a licitación la orden de designación de uno o varios operadores que presten los segmentos involucrados en el servicio universal. La propuesta es conocer opiniones de posibles interesados y exponer condiciones administrativas y técnicas que deben regir dicha provisión, de la que hasta el cierre de 2022 se ocupa Telefónica. La consulta seguirá abierta hasta el tres de diciembre.
Para la nueva designación, que seleccionará responsable por los próximos dos años, se deben tener en cuenta las características del servicio universal que incorporó la nueva ley de telecomunicaciones.
Se fijó que la velocidad mínima de acceso a Internet de banda ancha sea de 10 Mbps y que la comunicación por voz sea mediante una conexión subyacente en una ubicación fija que permita al usuario recibir y efectuar llamadas a partir de números geográficos y no geográficos.
